En 2002 llega a las salas de cine “Minority Report”, película dirigida por Steven Spielberg, en la cual una especie de oráculos son utilizados por la policía para ver el futuro y detectar qué delitos y quiénes los cometerán para así poder detenerlos antes de que esto suceda. Sin duda, este debe ser el sueño de todo estratega en materia de prevención, pero en el mundo real, mientras no tengamos algo parecido (dudo que lo haya algún día), tendremos que implementar políticas públicas efectivas, pues no hay mejor estrategia de prevención que aquella que hace que la violencia y el delito no sucedan.
Existen múltiples causas para la violencia y el delito como pueden ser la desigualdad económica, la exclusión social, la tradición cultural, la debilidad del Estado de Derecho, la falta de una buena educación, mala planeación urbana y crecimiento acelerado de las ciudades, entre otras. De igual manera existen diferentes tipos y expresiones de violencia.
En materia de prevención, la clave es detectar los factores de riesgo e intervenir de manera temprana en las condicionantes estructurales para así poder detener la espiral de violencia y delito que se crea y a la cual muchas personas entran para salir, la mayoría de las veces, muertos o tras las rejas.
La prevención busca reducir la incidencia delictiva y mejorar la convivencia ciudadana, fortalecer la cohesión social y desarrollar lazos de solidaridad y confianza entre la comunidad.
En el mundo existen muchos casos de estrategias exitosas en materia de prevención tales como las realizadas en las ciudades de Bogotá y Medellín en Colombia, Belo Horizonte o últimamente Rio de Janeiro en Brasil con sus Unidades de Policía Pacificadora, así como algunas ciudades de Estados Unidos o Canadá.
No existe una receta para el éxito. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de las instituciones internacionales con mayor experiencia en prevención, tiene dentro de sus “lecciones aprendidas” que en este tema “no existen formulas únicas de intervención en los países” [1]. Esto es lógico pues cada país tiene características y causas distintas de la violencia. Incluso, en un país tan grande como México, las causas pueden variar en sus distintas regiones.
No obstante, existen algunos principios básicos que pueden ser aplicados. Algunos de ellos, no necesariamente en orden de prioridad, son:
1. Fuerte liderazgo local.
Cuando de estrategias de prevención se trata, uno de los factores críticos de éxito es el liderazgo local. En México, la autoridad más cercana al ciudadano es la municipal y es fundamental su participación y liderazgo. La autoridad municipal es la que, la mayoría de las veces, cuenta con mejor conocimiento de la ciudad y tiene las herramientas necesarias para éste tipo de intervenciones. Todo lo anterior, bajo el principio de subsidiariedad.
2. Participación ciudadana.
La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones dentro de su comunidad también es fundamental. La autoridad no puede imponerse cuando va a poner en práctica una estrategia en materia de prevención, se tiene que tomar en cuenta el sentir de la comunidad si lo que se pretende es que ésta se apropie de la misma. Organizar talleres comunitarios para acompañar el diseño de la estrategia, así como permitir la participación de ONGs u OSCs e instituciones académicas, son maneras de facilitar esa participación.
La comunidad cuenta con la capacidad para conocer e identificar sus problemas y en base a ello, sugerir alternativas de solución que pueden apropiarse y aplicar.
3. Coordinación.
Como en casi toda implementación de política pública, es imperativo tener coordinación tanto interinstitucional dentro de un mismo nivel, como con los otros poderes y niveles de gobierno, y lo mismo con la ciudadanía. Para ello, se requiere un proceso ágil y permanente de comunicación entre las partes involucradas.
Como lo mencioné anteriormente, lo ideal sería que los presidentes municipales encabecen y den seguimiento puntual a este tipo de estrategias, incluso designen a alguien directamente de su oficina que coordine los esfuerzos al interior del municipio (desarrollo social, seguridad pública, obras públicas, etc.) así como con los gobiernos estatal y federal, las universidades, ONGs y la ciudadanía en general.
Sin coordinación, es probable que la estrategia esté destinada al fracaso o sea muy difícil de ejecutar.
4. Diagnóstico eficaz y focalización.
Para evitar dispersión de recursos, es necesario diagnosticar, jerarquizar y focalizar esfuerzos social y territorialmente. Con un buen diagnóstico se puede saber en qué zona del municipio debe intervenirse primero (focalización territorial) o a qué grupo hay que atender prioritariamente (jóvenes entre 15 y 30 años en situación vulnerable, mujeres y niños sufriendo violencia intrafamiliar, etc). Para esto, existen muchas y muy buenas herramientas en instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU (PNUD, UN-HABITAT) o el Centro Internacional para la Prevención del Crimen (Montreal), por mencionar algunos.
5. Sistema de seguridad y justicia efectivo
Sin duda, contar con un buen sistema de seguridad y de justicia, hace una gran diferencia en cuanto a prevención se refiere. Se requieren reformas como la realizada en México (aún en proceso) para pasar de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio y contar con mecanismos de resolución alternativa de conflictos.
Además, si los niveles de impunidad son altos, por pura probabilidad y estadística, la tendencia será que haya más delitos y violencia. De igual manera, la profesionalización de los cuerpos de policía y la forma en que se estructuren es muy importante. Los municipios pueden formar policías de proximidad o comunitarias las cuales han demostrado ser efectivas.
6. Desarrollo urbano ordenado.
Se dice popularmente que “la ocasión hace al ladrón” y, en muchos de los casos esto hace sentido. La falta de planeación ha dado lugar a un crecimiento desordenado de nuestras ciudades. Ciudad Juárez es un buen ejemplo de ello, creció muy rápido económicamente gracias a la industria de la maquila, pero no se creó al mismo tiempo la infraestructura (escuelas, guarderías, vivienda, centros de salud, servicios básicos, etc.) necesaria para su adecuado desarrollo, y la violencia que padece esa ciudad hoy en día, se debe en buena medida a ello.
En contraste, la administración del ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, es un buen ejemplo que las intervenciones urbanas integrales pueden prevenir o reducir la incidencia delictiva. Fajardo entró a la alcaldía de Medellín con un índice de homicidios de 57 por cada 100 mil habitantes en 2004 y lo redujo a 26 por cada 100 mil en 2007, menos de la mitad.
Es muy importante revalorar y rescatar el espacio público para la convivencia ciudadana: las plazas públicas y los parques de las ciudades son lugares democráticos donde confluyen todas las clases sociales y se fortalece la cohesión social.
7. Inclusión social.
La inclusión social es muy efectiva para la prevención. Al sentirse excluidos y vivir en entornos de violencia familiar, muchos jóvenes ingresan en pandillas y comienzan a consumir droga, con ello inician su viaje en la espiral del delito.
Hay que ofrecer a los jóvenes la posibilidad de soñar con un proyecto de vida a largo plazo. Para ello, se debe contar con un buen sistema educativo que promueva valores y cultura de la legalidad, así como con oportunidades de desarrollo económico y empleo.
8. Monitoreo y evaluación.
Como toda estrategia o proyecto, para tener éxito es necesario contar con un buen sistema de monitoreo y evaluación. Desarrollar indicadores tanto de gestión como de impacto, a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de medir si se tiene éxito o si hay que corregir la estrategia.
Estos son sólo algunos puntos a tomar en cuenta si se pretende desarrollar una buena estrategia de prevención social de la violencia y el delito.
Como menciona el experto en prevención Irvin Waller “para evitar la delincuencia es mejor atender las razones de por qué las personas delinquen, que esperar a que transgredan las leyes e intentar corregirlas”[2]. Sin duda también es mucho más barato. Waller señala que de acuerdo a algunos estudios realizados, la inversión en prevención podría dar un retorno de 7 a 1, es decir, por cada dólar invertido en prevención podrían ahorrarse hasta 7 en cuestiones de seguridad como policías, armamento, cárceles, jueces, tribunales, etc., sin mencionar las inversiones que no llegan a causa de la inseguridad, así como lo que la ciudadanía gasta para sentirse protegida (seguros, alarmas, vigilancia privada, etc.).
Ahora bien, desgraciadamente en nuestro país, gobiernos anteriores no pensaron en esto y es hoy cuando padecemos altos niveles de violencia y delincuencia. Por ello, aplaudo la determinación del actual gobierno federal para, además de alentar e implementar estrategias en materia de prevención social del delito, dar una lucha frontal contra la delincuencia organizada, a la que no hay otra forma de combatir más que a través del Estado de Derecho y todo el peso de la ley. La lucha contra la delincuencia y la prevención del delito debe ser de Estado y no sólo de gobierno, por ello, es hora de que todos los Poderes de la Unión, niveles de gobierno y ciudadanía se sumen a ella.
Para aquellos que pudieran o quisieran verla, no creo que exista una contradicción entre el combate frontal a la delincuencia y la prevención social del delito y la violencia. Hace algunos días escuché al ex Presidente de Colombia Álvaro Uribe decir que “la política de la autoridad contra los violentos debe ir de la mano con la política de cultura y convivencia ciudadana” y sin duda, Colombia es un buen ejemplo de ello. Sería difícil entender la reducción del índice de homicidios en Medellín sin las intervenciones del ejército y la policía nacional de Colombia, coordinadas desde el gobierno nacional, como la “Operación Orión” en la Comuna 13 de esta ciudad en 2002.
La prevención es a futuro pero no se puede ignorar el presente, intento ver todo a través del enfoque sistémico, por lo que pienso que una buena combinación entre políticas de represión inteligente o contención del delito y prevención social constituyen una política integral de seguridad ciudadana.
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